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Psicoanálisis y Economía

viernes, 4 de abril de 2014

La responsabilidad linchada



Sebastián Plut


Desde hace ya unos días escribí varias opiniones breves sobre los recientes hechos de “linchamiento” que quiero ahora reunir y retomar acá. Asimismo, he dedicado numerosos textos al problema de la violencia, sea al investigar los vínculos familiares, las vicisitudes laborales o el discurso político. En varias ocasiones, a su vez, suscribí la propuesta de Freud según la cual no alcanza con preguntarnos el por qué de la violencia, sino que el interrogante que nos debe orientar es cómo ha de surgir algo diverso de ella, cómo despertar la ternura.
Hablar de la ternura en este contexto no supone ninguna mirada ingenua sobre los actos delictivos ni una visión romántica respecto de los sujetos que los llevan a cabo. Tampoco presupongo que el sistema judicial-punitivo tenga un funcionamiento óptimo pero, a la vez, no creo que el endurecimiento penal –que muchos arengan- constituya solución alguna.
De todos modos, sobre los problemas criminológicos y/o el sentimiento de inseguridad ya he escrito en otras ocasiones y, ahora, deseo referirme a los sucesos que ocurrieron en las últimas semanas, cuando grupos de personas apalearon (en algún caso hasta la muerte) a sujetos que –probadamente o no- habrían cometido algún delito (por cierto, menor).
En estos días escuché o leí tres posiciones: quienes repudiaron bajo todo punto de vista los linchamientos (entre quienes me incluyo); quienes los criticaron pero argumentan que serían la consecuencia de un Estado ausente; quienes los defienden bajo el supuesto de que “es la única solución que hay” (o expresiones más o menos similares).

¿Resulta, pues, explicativa la hipótesis según la cual el linchamiento deriva de una ausencia del Estado?
Claro que antes de admitir o refutar esta presunción, quien la sostenga deberá justificar o mostrar que efectivamente hay un Estado ausente. Cuanto menos, hallamos aquí una generalización excesiva toda vez que aun con imperfecciones y defectos de todo tipo no parece ser el caso (de más está decir que muchos de quienes sostienen esto, en otras ocasiones acusan al Estado de un intervencionismo extremo). De hecho, una de las situaciones de linchamiento ocurrió a posteriori de un tiroteo con un policía. Tampoco hay, como algunos señalan, un Estado abolicionista en materia penal, de lo cual dan cuenta las cárceles llenas y los juzgados correspondientes desbordados de trabajo.

Ahora bien, si por un momento suspendemos la objeción a este primer sector de la explicación (que habría un Estado ausente), resta aun verificar el nexo antes mencionado (que es dicha ausencia la que daría lugar a los linchamientos). Aquí, pues, deberíamos suponer que estas “prácticas” (por llamarlas de algún modo) constituyen formas o vías de restituir aquello que se supone ausente.
Por caso, podemos mencionar que en la década del ’90, ante el avance del neoliberalismo y, ahí sí, cuando el Estado se retiraba, florecieron las denominadas ONG’s, organizaciones del tercer sector con fondos privados pero con fines públicos. Más allá de la valoración singular o global que podamos hacer de aquéllas, efectivamente procuraron compensar la ausencia de políticas públicas en variadas áreas.
Dicho esto, sostengo que los linchamientos no constituyen ni un camino de restablecimiento de la justicia (ya que solo son actos vengativos y de despliegue sádico) ni tampoco emergen como presunto síntoma de la ausencia estatal.

Considero, además, que la hipótesis que pretende explicar los linchamientos en virtud de la ausencia del Estado, aun cuando quienes la esgrimen reprueben tales actos, no solo desacierta en el nexo causal, sino que también abona una política de des-responsabilización de los sujetos.
Yo mismo sostuve la conexión entre los discursos de algunos políticos o medios de comunicación (que decían, por ejemplo, que con el nuevo código penal todos los delincuentes saldrían a la calle) y los inmediatos posteriores linchamientos. Aun cuando sigo intuyendo la validez de este enlace, ello no exime de responsabilidad alguna a los agresores. Es curioso que cuando se cuestiona el accionar de los medios de comunicación, haya quienes insisten en que no se les puede imputar por nada de lo que hacen algunos ciudadanos. Es curioso, digo, porque por un lado se habla de la importancia que tienen los medios en la sociedad, pero luego se pretende que no tengan responsabilidad alguna.
La solidez que se pretende atribuir a la (ficticia) ausencia del Estado como factor decisivo, sí iría en la línea de considerar que los linchamientos, aun siendo reprobables, fueron realizados por sujetos que carecen de responsabilidad sobre sus actos.
En suma, antes que una indeseada consecuencia de un Estado ausente, los linchamientos configuran una tentativa de sustitución y/o ataque a la acción colectiva. Por eso mismo, no podemos sino observar que estos actos son la respuesta al proceso colectivo que elaboró y desarrolló una propuesta de código penal y propone una discusión profunda y compleja en el terreno de los derechos.
A su vez, un sistema penal debe ser “garantista” (que no es lo mismo que abolicionista) no solo porque así respeta el derecho de todos los ciudadanos, sino porque también admite su inevitable imperfección, asume la imposibilidad de una realización absoluta del ideal de la justicia. Los linchamientos, por el contrario, son empujados por la certeza, por la plena convicción acerca de lo que sucedió y de cuál es la solución. “Garantista”, entonces, significa que el sistema penal tiene como meta no solo la sanción de determinados actos sino, sobre todo, la limitación de la posibilidad de satisfacción de los afanes vengativos. Dicha limitación se realiza a través de la delegación de la justicia en otro (en ese caso, un poder del Estado) y, también, en la admisión de una restricción de la intensidad (al asumir un ideal como irrealizable). 

En lo que sigue, entonces, sintetizo lo esencial de los argumentos que considero refutan toda tentativa de vincular los linchamientos a la supuesta ausencia del Estado:
- Como ya dije, no parece verosímil afirmar dicha ausencia;
- Los actos por “mano propia” no son consecuencia de lo que estaría ausente, sino formas de sustituir un ordenamiento dado. Así ocurre no solo en los mal llamados hechos de “justicia por mano propia”, sino también en lo que podríamos denominar “medicación por mano propia” (como cuando alguien se automedica) o en los “impuestos por mano propia” (cuando cada quien dibuja sus ingresos para evadir al fisco);
- En esta misma línea, quienes deciden linchar a un sujeto no lo hacen porque “el Estado no está”, sino porque el Estado no satisface sus pulsiones vindicativas;
- Así, el linchamiento no expresa la “falta de justicia” sino una forma extremada de la “justicia” que algunos proponen;
- También es expresión de cómo los “linchadores” han quedado contagiados de la violencia ajena a la cual, a su vez, multiplican;
- Se crea una paradoja al cuestionar a la Justicia (como poder del Estado) por sus limitaciones en la disminución de la violencia y, luego, creer que la venganza tendría alguna legitimidad y/o eficacia.

Merle y De Saussure, en su estudio sobre Hitler afirmaron que la “paz” que este último buscaba no suponía la reunión armónica (y aun conflictiva) de la diversidad, sino aquella que surge de la aniquilación de los enemigos.
Algo deberíamos aprender de la historia.

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